La responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fruto tanto del incesante proceso de armonización internacional de Derecho Penal como de la necesidad de dar una respuesta más eficaz al avance de la criminalidad fundamentalmente en el marco de la delincuencia económica.

Las empresas son organizaciones complejas que administran intereses económicos relevantes y que, en ocasiones, pueden servir de instrumento a la comisión de hechos ilícitos ante los cuales la propia complejidad de la organización puede implicar una dificultad en cuanto a la individualización y exigencia de responsabilidades así como en cuanto a la implantación de los elementos de prevención que la propia sanción y el régimen jurídico del ordenamiento penal comportan.

El fenómeno de la delincuencia económica, la propia globalización de determinados comportamientos ilícitos muy especialmente en relación con la corrupción a la vez que la creciente sensibilidad social y la labor de organizaciones internacionales como, por ejemplo, la OCDE han determinado que las legislaciones de los distintos países, no sólo hayan incrementado y agravado los tipos que directa o indirectamente pueden afectar a hechos ilícitos en el curso de las actividades empresariales, sino que hayan situado a la empresa misma en el origen de la generación de situaciones de riesgo, ante las cuales aquélla –la propia empresa- debe constituirse en un factor de prevención y de control.