¿Por qué un programa de prevención de delitos para las sociedades públicas?

La prevención de hechos delictivos en las personas jurídicas es un imperativo legal, a cuyo tenor podemos citar las recientes reformas de nuestro Código Penal y la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. La prevención de delitos contra las administraciones públicas y la prevención de comportamientos asimilables a cualquier supuesto de corrupción pública o privada, constituye además, un claro imperativo social. El desarrollo de nuestro derecho administrativo y la personificación de entidades y servicios públicos en base al empleo de diversas fórmulas basadas en la aplicación del derecho mercantil, no siempre ha discurrido en paralelo con el reforzamiento de los controles necesarios para prevenir la comisión de hechos ilícitos.

El public compliance no trata de sustituir los controles que nacen del ordenamiento administrativo y presupuestario, sino que refuerza esos controles orientando toda la organización a una estrategia de prevención del hecho delictivo con una estricta adaptación de su organización y medios a la prevención de las situaciones de mayor riesgo penal que pueden generarse en el seno de una entidad pública. El public compliance es una muestra seria del compromiso ético que debe inspirar la gestión de los asuntos públicos, especialmente cuando aquella se lleva a cabo por medio de entidades dotadas de personalidad jurídica propia, sujetos de derecho en los que es tanto más sensible la aplicación de estos mecanismos de prevención.